Quien lo diría, ya tenemos un Presidente del gobierno y unos ministros a falta de asesores, dispuestos a gobernar un país llamado España por cuatro años que camina sola desde el 23 de julio 2023.
Un gobierno variopinto cuyo lema progresismo figura en todas las entrevistas, actas y promesas dirigidas a un pueblo dividido, aturdido y navegando en un mar de dudas llenas de medias verdades, es difícil de digerir cuando impacta con los conservadores, y cuyos conceptos de convivencia, igualdad y solidaridad tienen más lastre que eficiencia, y competencia en otras ideologías, lo que conlleva dejar vacíos e incompetencias muy importantes.
Si observamos de cerca la calidad y competencia de unas personas nombradas para solucionar los problemas y solventar las carencias de un pueblo que llegó a ser un imperio, cabe preguntarse la mediocridad de todo un colectivo nombrado para resolver infinidad de problemas existentes en estos momentos.
Un colectivo (salvo excepciones) reunidos en un hemiciclo que se pasan la mayoría del tiempo atendiendo su móvil, amenazándose y resaltar sus propias mejoras sobre otros partidos es una aberración. No podemos seguir consintiendo que no se pongan en marcha para confeccionar grupos de trabajo multidisciplinares entre partidos con el objetivo de resolver las urgencias que son una losa para todos los españoles.
Intentar resolver el problema de convivencia entre comunidades con una amnistía es incoherente y anticonstitucional, además todas las comunidades son distintas y debería interpretarse en su propio estatuto y respetar la idiosincrasia de cada una de ellas. Las cesiones del gobierno se deberían hacer en función de su capacidad de gestión, aunque muchas de ellas deberían ser en función de su necesidad, demostración de mejoras realizadas por la propia comunidad y resultados obtenidos anualmente en su presupuesto.
El Defensor del pueblo debería ser nombrado por el Rey, y éste debería pedirle explicaciones mensualmente de los problemas solucionados. Tanto el Rey, como el defensor del pueblo deberían tener competencias directas sobre el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin con poder de decisión e interpretación de cuales son los más urgentes a solucionar.
El ministro de asuntos exteriores debería ser una persona muy especial, en cuanto a cultura, poder de negociación, idiomas y capacidad total para negociar y aplicar algoritmos adecuados para mantener relaciones coherentes con países que apoyen a una España difuminada en un mar de nubes. En especial con la EU.
Hay un problema que deberían asumir en un lugar de importancia en la lista de prioridades, pues antes llegaban a España navíos cargados de plata, oro y semillas, y ahora sólo llegan cayucos cargados de emigrantes cuya solución la guardamos en los cajones de los despachos. Parece ser que no tiene importancia para un colectivo ministerial carente de ideas y soluciones inmediatas.
Saludos
Miguel Sánchez del Río González-Anleo
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